Esta forma de usar el poder de compra representa un nuevo paradigma de la contratación pública en Argentina.
Las instituciones públicas conforman un bloque amplio de consumidores en el mercado, con un importante peso económico, lo que le permite incidir positiva o negativamente en su dinámica, pero sobretodo en el ambiente local, nacional e inclusive global.
Las instituciones que al momento de comprar sus productos o de contratar sus servicios toman en cuenta los criterios de sustentabilidad, además de reducir directamente impactos negativos en el ambiente y la sociedad, con su rol de consumidores ejercen una fuerte influencia en el mercado, incidiendo en los productores a crear y producir productos y ofrecer servicios que respeten los criterios del desarrollo sustentable.
Asignar recursos de manera eficiente es mucho más que conseguir buenos precios, la transparencia y la rigidez de los procedimientos formales, es de hecho maximizar los recursos públicos mediante la asignación en los sectores estratégicos y relevantes para el desarrollo económico, social y ambiental.
Por lo tanto, muchos países han implementado el uso de poder de compra del Estado para diversos fines y los objetivos de protección del ambiente han demostrado ser un factor preponderante.
La inducción de nuevos mercados y tecnologías con menor impacto ambiental, y la señaal de la necesidad de que las empresas adapten sus procesos productivos a los nuevos paraditmas ambiental, social y económico, bajo pena de exclusión del mercado de compras del sector público es la constante en todos los gobiernos que avanzan en este sentido.
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